Las áreas de protección para la producción de alimentos: retos en su implementación y desarrollo

José Miguel Galindez Rojas
Abogado experto en asuntos agrarios
Contacto: miguel.galindez93@hotmail.com

Las áreas de protección para la producción de alimentos (APPA, L. 2294/23, art. 32, nivel 2) son una nueva figura en el ordenamiento territorial en Colombia, creada para garantizar el derecho humano a la alimentación (DUDH, 1948, art. 25), la soberanía alimentaria y la protección del campesino. Esta figura busca equilibrar el crecimiento urbano y las actividades productivas con la necesidad de conservar los recursos para la producción de alimentos.

Con la expedición de la Ley 2294 de 2023, por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Colombia potencia mundial de la vida, surgen cambios de gran relevancia y especial observancia frente al ámbito del ordenamiento territorial, por lo que entes públicos, privados y particulares, así como todas aquellas entidades territoriales en sus diferentes niveles deberán acatar las disposiciones contempladas en la ley.

Es así como una de las grandes novedades que contiene la Ley 2294 es su artículo 32, el cual modificó el artículo 10 de la Ley 388 de 1997 en materia de determinantes de ordenamiento territorial, otorgándole un orden en la clasificación a dichas determinantes, jerarquizándolas de acuerdo con su orden de prevalencia e indicando las autoridades encargadas de su declaratoria. Antes de la modificación, las determinantes del artículo 10 de la Ley 388 no estaban jerarquizadas, esta nueva modificación ha dado un orden claro a las mismas, poniendo énfasis en la separación entre el sector ambiente y agrario, este último tomando mayor independencia, teniendo en cuenta las novedades legislativas.

Para un país de tradición agrícola y visto a nivel mundial como una despensa de alimentos, la declaratoria que hace el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de áreas de protección para producirlos es una figura novedosa, que, entre otros beneficios, protegerá a los campesinos, como sujetos de especial protección de derechos, de actividades que hoy en día crecen a grandes rasgos, como la minería, la vivienda campestre y la urbanización de suelos rurales por parte de grandes constructoras.

Es así como se empiezan a visibilizar los grandes retos para esta nueva figura y es que emplear mecanismos de participación y coordinación, con los diferentes actores en territorio, para la declaratoria e implementación de una nueva determinante de ordenamiento territorial, no es un proceso sencillo, teniendo en cuenta la ausencia de parámetros de referencia que al día de hoy no se han expedido por parte del sector vivienda, a través de un decreto reglamentario, pues se espera que en el primer semestre de 2025 se pueda contar con dicha normativa.

Ahora bien, para nadie es un secreto la tensión que siempre ha existido entre el nivel territorial y el nivel centran en materia de decisiones y organización, por lo que en dicha relación se ven inmersos principios como el de la autonomía territorial y el estado unitario, los cuales evidentemente entran en pugna, pues cada parte de la ecuación expondrá la defensa de intereses generales, los cuales, sin lugar a dudas, deberán ser sujeto de análisis a la luz de sentencias como la SU-095 de 20184 de la Corte Constitucional, en donde la coordinación, la concurrencia y la subsidiariedad cumplen un papel preponderante en la distensión entre los niveles territorial y central.

Por otra parte, en un Estado social de derecho, en el cual la participación es pieza clave en cada una de las decisiones que afecten los territorios, debido a las implicaciones e incidencias que pueden llegar a tener las APPA, frente a los usos de suelos en territorio, se hace necesario la garantía de procesos de participación efectiva en donde los diferentes actores puedan conocer la figura, interactuar con ella y hacer los aportes que consideren necesarios teniendo en cuenta las dinámicas en territorio.

El cumplimiento de las disposiciones en la declaratoria de las APPA será de carácter obligatorio, por lo que entidades públicas o sectores, dada la ausencia de reglamentación del artículo 10 de la Ley 388, deberán buscar mecanismos de armonización entre actividades, coexistencia en territorio y coordinación institucional en aras de garantizar el respeto de principios como el de la buena fe y confianza legítima de sus asociados.

Son grandes los retos que enfrenta una figura nueva como lo son las APPA, que surge dadas las necesidades históricas de proteger un campesinado azotado por diferentes sectores en donde la confrontación por años siempre fue desfavorable y que hoy en día, con la entrada en vigor de la Jurisdicción Agraria y la protección al campesino como sujeto especial de derechos, rompen una disyuntiva equiparando cargas históricas. Por lo tanto, los desafíos en Derecho frente a participación, coordinación y respeto de derechos a los sujetos en territorio demarcarán una nueva posibilidad para que un país productor como Colombia pueda ser potencia mundial en materia alimentaria.   

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