Retos de la participación política de excombatientes en Colombia

Equipo de redacción CITpax

 

El 24 de abril, la alianza entre la Universidad Externado, ÁMBITO JURÍDICO, la Fundación Konrad Adenauer Stiftung, la Organización Internacional para las Migraciones, el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ, por su sigla en inglés) y el Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax) propició un debate público en torno a la posible participación política de excombatientes. A continuación, algunas conclusiones:

 

Acuerdos de la Mesa de Negociación

Luego de la reflexiva bienvenida a cargo de Jaime Bernal Cuéllar, en representación de la Universidad  Externado, los representantes de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz hicieron una exposición de los principales acuerdos a los que llegó la Mesa de Negociación con relación a la participación política. Para el efecto, abordaron el tema desde las perspectivas de participación a nivel grupal e individual.

 

En relación con la participación grupal, resaltaron el hecho de que los acuerdos fueron construidos sobre tres principios rectores: (i) necesidad de una apertura democrática, (ii) importancia de la participación ciudadana para la consecución de la paz y (iii) rompimiento definitivo del vínculo entre armas y política.

 

En cuanto a los avances de los acuerdos, mencionaron, en relación con los partidos políticos, la construcción del Estatuto de la Oposición, la invitación a que movimientos sociales hagan parte del partido político que surja de las negociaciones y la creación de un sistema de atención para los partidos que no alcancen la personería jurídica.

 

Sobre la reforma del sistema electoral, se planteó la búsqueda de una mayor participación y la identificación de los obstáculos que tienen las regiones y la creación de una comisión electoral que emita recomendaciones para el mejoramiento del sistema y de circunscripciones temporales especiales de paz.

 

En cuanto a garantías, se habló de la creación de un sistema integrado de prevención y protección que reaccione frente a cualquier tipo de amenaza hacia las personas que participan en política o las que pertenezcan a grupos sociales y de derechos humanos. Frente a la participación ciudadana, se refirieron a la necesidad de espacios de comunicación en los que grupos comunitarios puedan difundir contenidos, y de fortalecer las veedurías ciudadanas para que ejerzan vigilancia de las inversiones en las regiones.

 

Respecto a la participación individual, afirmaron que dicho tema está ligado al punto cinco de la agenda (víctimas), razón por la cual se decidió postergar su definición. No obstante, señalaron que la participación de excombatientes no solo no está prohibida por la Constitución, sino que, además, hace parte de su espíritu, y argumentaron que con el Acto Legislativo 01 del 2009 no se cerró la posibilidad de que excombatientes participen en política.

 

Retos de la transición

El experto Andrei Gómez recordó que las FARC fue la primera guerrilla que le apostó a la participación política para convenir reformas estructurales. Sin embargo, ese intento fracasó, lo que generó una crisis humanitaria y un escalamiento del conflicto armado. Además, planteó dos retos iniciales para pensar la transición: el fraude electoral y la posibilidad de que se construyan políticas públicas que promuevan la democracia.

 

La líder de víctimas Carmen Palencia respondió exponiendo tres retos: (i) una efectiva desmovilización requeriría de procedimientos que garanticen la rehabilitación de excombatientes y políticas que desincentiven el uso de armas; (ii) el restablecimiento de la confianza ciudadana en la fuerza pública y el Estado, que, debido a sus relaciones con el paramilitarismo, se ha visto resquebrajada, y (iii) la eliminación de las causas por las que las guerrillas acudieron a las armas: inequidad en la tierra.

 

León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, expuso como reto la promoción de la necesidad de la negociación. Igualmente, analizó los supuestos equívocos que se han divulgado y que han llevado a que la sociedad se confunda y no dimensione la importancia: por ejemplo, que las FARC no tiene motivos políticos ni apoyo social. Si el país busca una transición a la democracia, la élite política debe estar dispuesta a disputar sus lugares de poder por medios democráticos, aun cuando esto desfigure la tradicional herencia política.

 

Alejandro Eder, director de la Agencia Colombiana para la Reintegración, presentó cifras sobre las últimas elecciones regionales, e indicó que hubo varias candidaturas de desmovilizados, algunos de ellos elegidos democráticamente. Con esto resaltó que es posible la reintegración política de excombatientes, pero el reto es la construcción de programas que prevengan las causas que llevaron a las personas a tomar las armas.

 

Delitos conexos

María Camila Moreno, directora de la Oficina en Colombia del ICTJ, preguntó por la conveniencia de considerar algunas conductas como conexas al delito político para facilitar el reconocimiento de la calidad política de los grupos alzados en armas. Además, indagó por posibles criterios para establecer los delitos conexos. Y sometió a discusión la propuesta de distinguir la conexidad para efectos penales y para la participación política.

 

Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas, sostuvo que el reconocimiento de conductas conexas al delito político no es el paso previo para otorgar la calidad política del grupo, sino, por el contrario, el reconocimiento es la condición de la posibilidad de los diálogos. Ahora bien, el Estado, al ser titular del bien jurídico protegido por los delitos políticos, puede conceder amnistías o indultos, no así en delitos cuyos titulares de los bienes tutelados son otros.

 

Según Gallón, existen exigencias claras de enjuiciamiento de las violaciones graves a los derechos humanos, aun cuando se conciba una conexidad amplia. Estuvo de acuerdo en que el narcotráfico y el terrorismo sean delitos conexos, siempre y cuando no se haya cometido delito atroz, pero, definitivamente, no los delitos sexuales.

 

Para Juan Carlos Lancheros, director de la Fundación Derecho Justo, cuando un Estado está encaminado a hacer la paz con un grupo ilegal, tiene que contar con la aprobación del ordenamiento interno, de la comunidad internacional y del pueblo. Tanto el primero como la segunda no son obstáculos para el actual proceso, pero la pregunta es hasta qué punto la sociedad va a permitir que se realice un acuerdo y bajo qué términos. En su visión, la única manera de que la guerrilla participe en política es si se decide que sus actuaciones constituyen delitos políticos, lo cual será una decisión política. Respecto a los criterios, plantea que más allá de debatir en torno a si las graves violaciones a los derechos humanos pueden ser objeto de conexidad, se debe concentrar en los puntos grises donde las condiciones en los que fueron cometidos los delitos ordinarios comienzan a dejar muchas dudas de su conexidad.

 

El docente Iván Orozco estuvo de acuerdo con que primero se da el reconocimiento de la “politicidad” y, como consecuencia, se puede declarar la conexidad. Sin embargo, el dispositivo de conexidad es parte del paquete de privilegios que otorga el Estado a quien reconoce como actor político. Es decir, tiene como consecuencia práctica equilibrar las cargas para favorecer la desmovilización. En relación con los criterios, no comparte la mirada tan realista que plantea Lancheros y propone retomar los criterios adoptados por la Comisión de Sudáfrica: (i) excluir los causados por motivos bajos, (ii) fines altruistas, (iii) proporcionalidad, (iv) comisión bajo orden o beneplácito del grupo y v) comisión en el marco del conflicto, entre otros. Por último, afirmó estar convencido de que la solución del conflicto pasa por la declaración del narcotráfico como delito conexo.

 

El vicefiscal general, Jorge Perdomo, estuvo de acuerdo con la distinción planteada por el Gobierno, toda vez que el delito político nunca fue concebido para determinar la posibilidad de participar en política. Adicionalmente, recalcó la necesidad de profundizar en la determinación del delito político, pues, en su criterio, no ha sido desarrollado completamente en Colombia.

 

Constitución y excombatientes

Claudia Medina, directora del CITpax Colombia, planteó las siguientes preguntas: ¿cuáles son los límites constitucionales a la participación tanto colectiva como individual de excombatientes? y ¿tiene sentido distinguir entre delitos conexos al político, para efectos de participación política y penales? Aunque el exviceministro de Defensa Rafael Guarín consideró que la Constitución sí permite la participación de excombatientes, enfatizó en la limitación que existe frente a los delitos atroces, lo cual lo lleva a plantear la falta de competencia del Congreso para sustituir el núcleo esencial de la Constitución por vía del Marco Jurídico para la Paz (MJP).

 

El profesor Matthias Herdegen expuso que los parámetros más exigentes para la conexidad se encuentran en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde los Estados están obligados a perseguir delitos diferentes a los de lesa humanidad. Sin embargo, insistió en que los países que enfrentan transiciones deben concentrarse en formular modelos que les permitan responder a sus necesidades y, después, preocuparse por ajustarlas a las normativas existentes.

 

Eduardo Montealegre, fiscal general, complementó esta idea, mencionando que, en Colombia, no existen cláusulas intangibles, lo que posibilita amplios cambios constitucionales. Recordó que en el MJP se regula la conexidad al delito político para efectos de la participación. Y en cuanto a los límites constitucionales al surgimiento de partidos políticos tras acuerdos de paz, señaló que no se refieren al grupo que se desmoviliza, sino al partido que se crea.

 

La docente Juana Acosta aseguró que si bien la Constitución no estableció límites para la participación política colectiva, la participación individual se encuentra restringida por el Pacto de San José, que obliga a los Estados a la investigación de crímenes internacionales. Aclaró que lo único que castiga la Carta es la militancia política y armada simultánea.

 

Por último, el académico José Espinoza recontó cómo la finalidad de la Constitución era la participación política de excombatientes. Además, enfatizó en que el contexto actual es el de un proceso de diálogo y no el de un sometimiento.