¿Qué hacer con el Consejo Superior de la Judicatura?

Desde hace más de una década, diversos sectores han planteado la posibilidad de eliminar el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ). La politización, su poca eficiencia, indicios de corrupción y la burocracia han sido los males que se le han atribuido a ese organismo, aunados a los recientes escándalos que afectan su imagen.

El Proyecto de Acto Legislativo de Equilibrio de Poderes (PAL 153/14 Cámara, 018/14 Senado), que ya superó la primera vuelta, plantea remplazar esta entidad por el Sistema Nacional de Gobierno y Administración Judicial, integrado por tres niveles: la Sala de Gobierno Judicial, la Junta Ejecutiva de Administración Judicial y el Director Ejecutivo de Administración Judicial.  

Así mismo, la nueva Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que también propone esa iniciativa y que se conformaría por siete magistrados elegidos por el Congreso, ejercería la función disciplinaria sobre los miembros de la Rama Judicial y los abogados.

Varios decanos de facultades de Derecho que integran la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho (Acofade) opinan sobre el futuro de esta institución, a partir de sus resultados y en busca de una mejoría para la administración de justicia.

Supresión

Juan Alberto Polo, decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda sede Santa Marta, señala que nunca ha estado de acuerdo con la existencia de ese organismo. En su opinión, “administrar un patrimonio tan grande como el de la Rama Judicial, a través de unas personas que se consideran magistrados, no es una tarea sencilla. Esto se debe hacer por medio de una gerencia. En cuanto al juzgamiento de los abogados, la Sala Disciplinaria no ha sido el mejor ejemplo. Por eso, sería partidario de la creación de un tribunal integrado por los propios abogados”.

Para Luis Eduardo Trujillo, director del Programa de Derecho de la Universidad Francisco de Paula Santander, de Cúcuta, a lo largo de su existencia, el CSJ ha demostrado mucha corrupción y clientelismo, así como decisiones basadas en política y no en sustentos jurídicos. Por eso, “soy partidario de crear la colegiatura obligatoria, en donde sean nuestros pares los encargados de investigar y sancionar”. Las otras cortes, señala, podrían manejar la parte administrativa, en una especie de comité tripartito, integrado por aquellas, el Gobierno e, incluso, instituciones académicas como Acofade”.

Una supresión total de este organismo es lo que propone Olga Lucía Troncoso, decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Ibagué. La intención de la Carta Política, recuerda, fue muy buena, al pensar en la independencia y autonomía de la Rama Judicial. “Sin embargo, se cometió un grave error al conformarlo”. Propone que la labor disciplinaria la adelante una sala especializada dentro de los tribunales superiores, coordinada por la Corte Suprema de Justicia, mientras que las funciones administrativas las deberían asumir un gerente nacional y un representante local, además de una junta directiva.

El decano Álvaro Eloy Ayala Pérez, de la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria de Colombia - Ideas, cree que, prácticamente, el CSJ ya se suprimió. Aunque destaca algunos logros de esa institución en materia administrativa, considera que es el momento de dar paso a una entidad que verdaderamente direccione la justicia colombiana y que la lleve a un feliz rumbo, para que no se vuelvan a presentar los casos de corrupción que hoy encabezan los titulares de prensa.

Además de suprimir esa institución, hay que replantear y oxigenar las funciones que desempeñaba ese tribunal, es la opinión de Luz Helena Mira, decana de la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria de Sabaneta, quien apoya la idea de cuerpos colegiados que reemplacen las actuales salas.

Modificar

No todos los decanos de Derecho consideran que debe suprimirse el CSJ. Algunos piensan que tiene que ser objeto de una profunda reingeniería, en aras de mejorar su eficiencia y, ¿por qué no?, también su imagen frente a la comunidad.

Carlos Mario Molina Betancur, director ejecutivo de Acofade, reconoce algunos problemas de ese órgano, pero no es partidario de su eliminación. “Institucionalmente, representa un avance para la independencia de la Rama Judicial y la adecuada separación de poderes; sería un retroceso dejar en manos del Ejecutivo el manejo del producto de la justicia en Colombia”. Molina propone eliminar las competencias electorales, modificar la Sala Administrativa y convertirla en una gran gerencia, pero mantener el trabajo de esta entidad.

El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Pasto, Hugo Armando Medina, cree que, desde el punto de vista administrativo, de gestión y ejecutivo, la reforma es buena, pero en lo disciplinario todavía falta mucho por debatir, para que no se termine siendo juez y parte, al momento de investigar y sancionar, tal como se ha propuesto. Por su parte, Miguel Ángel Arias, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Santiago de Cali, apoya el “famoso sistema nacional de gobierno y de administración, previo debate en la academia y en la misma Rama Judicial”.

Más allá de las críticas, María Eugenia Vides, decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Corporación Universitaria del Caribe (Sincelejo), destaca la labor de esa corporación: “No estoy de acuerdo con la supresión, por lo menos no absoluta, porque el Estado se quedaría sin un control importante con relación a la actividad de los jueces y de los litigantes. El problema es que al debate le han dado un tinte político, y la justicia debe estar alejada de esas discusiones”.

Por último, a Alba Liliana Silva, decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad San Buenaventura, de Cali, el esquema actual no le da tranquilidad, razón por la cual se debe “buscar un cuerpo eficiente que esté realmente integrado para planificar las funciones del gobierno y un control estricto del servicio de la justicia y de los abogados”. Y Luis Francisco Ramos, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Colombia, apoya la idea de la reestructuración o reingeniería de la entidad, pero no su eliminación.

De esta forma, la academia y Acofade toman partido frente a uno de los temas de actualidad más importantes y que, sin duda, ocupará, en este periodo legislativo la atención de expertos y de ciudadanos en general, con miras a buscar fórmulas para mejorar la cada vez más desprestigiada administración de justicia en el país.