Las prácticas judiciales en las facultades de Derecho

Carlos Mario Molina Betancur

Director Ejecutivo de Acofade

Según un reciente informe Gallup, el 71 % de los colombianos tiene una imagen desfavorable del sistema judicial. En el 2008, este porcentaje era del 28 %. De otro lado,  Transparencia Internacional considera que la corrupción en nuestro país es latente; para Dejusticia, la impunidad ronda el 95 % de los casos denunciados.

Esto no es extraño. Los recientes escándalos en el sistema judicial y los altos índices de congestión en juzgados y altas cortes han revivido el malestar ciudadano por el mal funcionamiento en muchos sectores de la Rama Judicial. Dicho malestar genera un debate político importante, que echa las bases necesarias para intentar otra reforma a la justicia, casi 18 meses después del fracasado proyecto del 2102, considerado uno de los mayores desaciertos del gobierno Santos.

Esta necesidad revelada es apoyada por el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre; el presidente Juan Manuel Santos; el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez; la Corte Suprema de Justicia; el Consejo de Estado; Asonal Judicial; la Asociación de Jueces y Fiscales; la Corporación Excelencia en la Justicia; Dejusticia y la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho (Acofade). El Ministerio de Justicia ya trabaja en dicha propuesta.

Con este propósito, mucho se habla de eliminar el Consejo Superior de la Judicatura o de quitarles las competencias electorales a las altas cortes, también de aumentar el presupuesto de la Rama Judicial y hasta de reformar la Constitución de 1991 para volver a repartir las competencias del sistema. En esta baraja de propuestas nunca se ha concebido la reforma a la formación del abogado y de sus prácticas en las facultades de Derecho, en donde puede encontrarse la verdadera solución al problema de corrupción que vive el país.

La formación jurídica

Recientemente, Acofade realizó un diagnóstico para el Ministerio de Justicia que revela las condiciones reales del desempeño de la práctica jurídica de los programas de Derecho de las instituciones de educación superior de Colombia y un documento de lineamientos técnicos para los distintos escenarios de la práctica jurídica de dichos programas a nivel nacional.

Estos análisis comienzan a arrojar resultados interesantes, obtenidos en las encuestas de más del 85 % de las facultades de Derecho del país. En el informe final que se presentó el pasado 3 de diciembre, en la Universidad Francisco de Paula Santander de Cúcuta, se pudo establecer que la formación del juez y del abogado en las facultades de Derecho requiere importantes reformas que podrían resolver de raíz muchos problemas que hoy aquejan el ejercicio profesional de los abogados y funcionarios judiciales.

Si bien el informe destaca una tendencia creciente de la participación de estudiantes en los consultorios jurídicos a través de convenios institucionales de práctica con la sociedad; litigios comunales, radiales o en red; en cárceles, así como prácticas en instituciones públicas y despachos judiciales con atención a víctimas del conflicto armado; en temas de desplazamiento, ONG y redes de comunitarias y juntas de acción comunal, también es cierto que los resultados evidencian que, en muchas ocasiones, los estudiantes no sienten que estas prácticas estén conectadas con lo que aprendieron, que frecuentemente su actividad es impuesta y que podrían ser valorizadas adecuadamente. En ciertos casos, se evidencia que dicha actividad no está conectada adecuadamente con las investigaciones que se realizan en los grupos que trabajan en la institución educativa.

Litigio de alto impacto

De otro lado, dicho informe vislumbra la participación de los estudiantes en litigios de alto impacto o litigio estratégico en red, en los que se presentan acciones de inconstitucionalidad, atención a la población más vulnerable de la sociedad o casos de interés general de beneficio social, pero preocupa que tanto esfuerzo institucional no encuentre, en muchos casos, una cierta coherencia de integración entre los contenidos teóricos y la práctica que expresan los planes de estudios. En muchas facultades de Derecho, priman los modelos de asignaturas basados en contenidos, los cuales pertenecen a una época revaluada de hace 40 años, con prácticas legalistas, retóricas, formalistas y tradicionales.

El Ministerio de Justicia está de acuerdo con Acofade en cuanto a la urgente necesidad de prestarle atención a las grandes debilidades en la formación de muchas facultades de Derecho, de donde egresan jueces y abogados de todo el país que practican sin decoro una profesión esencial para la equidad, la justicia y el desarrollo del país.

En el mencionado informe se ha detectado un pobre desarrollo de competencias, ya que, por lo general, están centradas en la capacidad operativa y evaluativa del estudiante, la diligencia de procesos, responsabilidad, puntualidad, cumplimiento de términos  procesales, que no son nocivas para el desempeño jurídico, pero dejan de lado la formación de competencias  y habilidades en sustanciación, análisis crítico, innovación, improvisación, comprensión de textos, argumentación, reflexión, manejo del lenguaje, ejercicio ético, compromiso y responsabilidad.

Otras falencias

Por último, el informe refleja falencias en convenios con empresas privadas y el sector productivo en general, que diversifiquen las opciones de intervención en áreas del Derecho y den cuenta de las profundas transformaciones que ha tenido la práctica judicial. No se evidencia apertura significativa ni estrategias extramurales para los estudiantes.

Hace falta preparación para la intervención exitosa en asuntos de alto impacto. No es muy extensa la relación e interacción con otras disciplinas del saber, como las ingenierías, la administración y la gestión o la medicina, aun de los asuntos ecológicos o medioambientales. La escasa interacción es a nivel de trabajo social y sicología. Tampoco es muy activa la intervención de los estudiantes en las políticas legislativas y función pública, por considerar que son tareas que corresponden a otros actores sociales.

Con estas investigaciones, el Ministerio de Justicia asume con responsabilidad su papel de veedor en la adecuada práctica de la profesión del abogado desde su formación, con miras a la construcción de lineamientos y parámetros generales que puedan servir a la construcción de una verdadera política pública para el ejercicio adecuado de la justicia en Colombia. El Ministerio de Educación, por su parte, a quien le corresponde establecer las competencias mínimas de la formación del abogado y del juez en las facultades de Derecho, sigue sin reaccionar.