Formación y evaluación en competencias, claves en la práctica profesional

Carlos Mario Molina Betancur

Director Ejecutivo de Acofade

 

El VIII Congreso Acofade dedicó su reflexión 2014 a la formación y evaluación por competencias para la mejora de la práctica profesional de los abogados. En esta ocasión, la Asociación Colombiana de Facultades de Derechos (Acofade) convocó a los decanos de Derecho de todo el país para que discutieran abiertamente el tema de las competencias en Derecho y su incidencia en la formación de los nuevos abogados.

 

La discusión estuvo presidida por el ministro de Justicia y del Derecho, Alfonso Gómez Méndez, quien discurrió sobre el abuso del Derecho en Colombia y la necesidad de reformar la justicia en nuestro país, para volver a encausar los lineamientos de la profesión del abogado.

 

Gómez insistió en la necesidad de revisar la formación de los abogados y de quitarles a los magistrados sus competencias de nominación a altos cargos del Estado. Para ello, el ministro anunció una profunda reforma a la justicia, con el fin de acabar, de una vez por todas, con el ya conocido exceso de escándalos en la Rama Judicial, con los problemas de litigantes mal preparados y con la inmensa cantidad de sanciones a abogados y jueces por parte del Consejo Superior de la Judicatura.

 

De otro lado, el presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Pedro Octavio Munar Cadena, insistió sobre la formación integral del abogado y la necesaria reforma al presupuesto nacional al sector justicia, para fortalecer las múltiples e importantes actividades que tienen los magistrados del Consejo Superior en materia de control.

 

Por último, la directora de evaluación del Icfes, Martha Rocha Gaona, puso énfasis en los buenos resultados que ha tenido la evaluación por competencias en el área jurídica y la importancia de la colaboración de Acofade en la construcción de preguntas para las pruebas Saber Pro en los últimos tres años.

 

Toda esta discusión fue complementada por las intervenciones de Jaime Bernal Cuellar y Jairo Parra Quijano y de distinguidos expertos, quienes debatieron sobre la importancia de reflexionar con la academia la reforma a las prácticas judiciales del país en todas las facultades de Derecho, para mejorar la actual situación que vive la justicia.

 

Las prácticas judiciales

Una reciente investigación realizada por Acofade para el Ministerio de Justicia, en el 2013, estableció que las prácticas jurídicas de las universidades participantes se inscriben en una tendencia mixta: la práctica tradicional de asistencia judicial (abogados de los pobres, D. 196/71) y la práctica en el marco de convenios interinstitucionales con organizaciones y la clínica jurídica.

 

La primera de ellas es la normada por la ley, la cual involucra a los estudiantes de 7°, 8° , 9° y 10° semestre, o la realización de la práctica como estudiantes conciliadores guiados por un docente tutor. Cabe resaltar que en el marco de la ley, cada universidad plantea una reglamentación propia, como, por ejemplo, rotaciones por todas las áreas de consulta o la realización de un área específica por semestre académico, y sin excepción, todas contemplan brigadas del consultorio jurídico o en el marco de la proyección social  para cumplir lineamientos misionales en conjunto con otros programas académicos.

 

Acofade tiene como uno de sus objetivos el fortalecer las funciones misionales de los programas de Derecho del país. El nuevo aspecto lo presentan las prácticas jurídicas en el marco de convenios interinstitucionales o de litigio en red.

 

El primero es más asociado a las necesidades planteadas por organizaciones o por la comunidad en el tema de participación ciudadana. Se pueden mencionar las prácticas en instituciones públicas, como, por ejemplo, las pasantías en los despachos judiciales de todos los niveles; las prácticas en casas de justicia; en los centros de atención a víctimas de la Fiscalía General de la Nación; personerías; Procuraduría; Contraloría; ONG, como Opción Legal o Tierra de Hombres; alcaldías; gobernación del departamento; Oficina de Valorización; Tesorería; juntas de acción comunal; asociaciones de vecinos; cámara de comercio, pastoral social de la Iglesia Católica, entre otros.

 

Existe un aspecto muy novedoso planteado por una universidad y que constituye un ejemplo de litigio de alto impacto o litigio estratégico en red, en el que un conjunto de facultades de Derecho presentan, por ejemplo, acciones de inconstitucionalidad o se apersonan de un caso de interés general que redunde en beneficio de la comunidad.

 

Estrategias de mejoramiento

Es por ello que, al tanto de los avances y discusiones sobre el desarrollo del Derecho, el VIII Congreso Acofade se centró alrededor de la preparación y evaluación en competencias para mejorar una práctica judicial en Colombia.

 

En primer lugar, la formación del abogado del siglo XXI exige unas competencias mínimas que le permiten interpretar el derecho en la sociedad del conocimiento y, así, garantizar eficacia en la justicia como eje axial para la materialización de los fines esenciales del Estado social de derecho.

En segundo término, porque a partir de la implementación de la evaluación en pruebas Saber Pro, se generan diversos interrogantes sobre la pertinencia de la estructura curricular de los programas de Derecho, el objeto de la formación, las metodologías y didácticas por aplicar, así como la comprensión de las políticas internacionales que regulan la formación por competencias y la preocupación por la sostenibilidad de las instituciones educativas en Colombia, entre muchas otras discusiones que deben ser abordadas por la comunidad.

 

En tercer lugar, la práctica profesional debe ser retomada desde la enseñanza, porque el desarrollo de los procesos de formación, la normativa nacional y los estándares internacionales deben mirarse en el referente internacional en la búsqueda de redes, puntos de encuentro y relaciones problemáticas que fortalezcan la comunidad académica jurídica, ello en clave de sistemas que paulatinamente vayan generando escuelas de pensamiento que impulsen no solo la creación de teoría jurídica, sino la aplicación de la misma a la realidad social en la que vivimos.

 

Del mismo modo, viene la investigación y la internacionalización como estrategias dinamizadoras de las anteriores, pues solo es posible pensar en un desarrollo autónomo del Derecho, a través de estos procesos de formación como ejercicio de indagación que promueve la autonomía y la reflexividad en las comunidades que la practican.

 

Por las consideraciones antes plasmadas, este espacio académico pretendió poner en discusión los encuentros y desencuentros de las categorías de enseñanza y evaluación en competencias, que, unidas a la investigación e internacionalización de los programas de Derecho en Colombia, deben permitir una mejor práctica judicial en todos los ámbitos del Derecho.