¿Cuál es la mejor Facultad de Derecho de Colombia?

 

Carlos Mario Molina Betancur

Director Ejecutivo Asociación Colombiana de Facultades de Derecho/ Acofade

 

Los resultados de rankings internacionales ponen cada año de presente la importante discusión de saber si las prestigiosas universidades del país que aparecen en ellas cuentan con las mejores facultades de Derecho del país.

 

Esta es la pregunta que se hace recientemente la revista Semana (feb. 6/17) ¿Cuál es la mejor universidad en Derecho de Colombia? Pero la respuesta no parece evidente, ya que la misma revista afirma: “Los ranking siempre resultan subjetivos: son incapaces de medir cada una de las facetas de la vida académica, y además, las universidades mejor administradas pueden mejorar sus resultados al enfocar sus esfuerzos en los criterios de la clasificación. Por ejemplo, pueden ofrecer incentivos salariales por publicación, contratar profesores de posgrados solo por sus títulos, y así seguir cada una de las mediciones, sin necesariamente ofrecer una mejor formación académica”.

 

Lo anterior es muy acertado. Ninguno de los rankings internacionales podría descifrar a ciencia cierta si las universidades que aparecen en sus apetecidos tableros ofrecen los mejores programas de Derecho en un país, dado que, por el momento, estos resultados solo se basan en ciertos criterios reconocimiento internacional, tales como el prestigio académico basado en encuestas realizadas alrededor del mundo, la trayectoria profesional de los egresados, el número de citaciones por artículo académico, la cantidad de  publicaciones académicas y el número de egresados.

 

Sin embargo, esto no sería suficiente para determinar si un programa de Derecho es el mejor en calidad académica. Inclusive, así se establezca que la universidad ofrece un programa de Derecho con estas características, sería imposible saber si es el mejor programa del país, por no tener los datos y los resultados de las demás universidades que lo ofrecen.

 

Sellos de calidad

 

De este tema se está ocupando más puntualmente otro tipo de empresas, que, cobrando astronómicas sumas de dinero y realizando extensas visitas a la institución, progresivamente están atribuyendo sellos de calidad internacional a las facultades en cada disciplina. Es el caso de las carreras de administración y negocios, que ahora izan orgullosos los sellos de calidad internacional que les brindan las prestigiosas organizaciones tales como AACSB, EQUIS y AMBA.

 

Estas distinciones miden, entre otros, el reconocimiento académico de la facultad en el mundo, su acreditación nacional, los resultados en pruebas Saber Pro, el número de egresados y su prestigio en el medio, la deserción, el número de profesores de tiempo completo, las citaciones por artículo académico, el número de doctores, sus investigaciones, el número de posgrados, la relevancia y productividad de las publicaciones académicas, el número de veces que una institución es citada en revistas internacionales, la cantidad de publicaciones y, muy recientemente, la categoría de sus grupos, revistas y profesores en Colciencias.

 

Para las carreras de Derecho, estas mediciones todavía no han llegado, los sellos de calidad internacional que existen cubren algunos de estos aspectos sin tener en cuenta la acreditación nacional. La Facultad de Derecho de la Universidad de Boyacá, por ejemplo, obtuvo en el 2016 el sello internacional de acreditación (atribuido por la Red Internacional de Evaluadores (RIEV), lo que, a primera vista, la hace aparecer como la mejor Facultad de Derecho del país.

 

Sin embargo, esta facultad no cuenta aún con una acreditación nacional y no aparece en los rankings internacionales como una de las más destacadas del medio. ¿Cómo podríamos, entonces, calificarla frente a las otras facultades del país, que no tienen este tipo de acreditaciones, pero que, en algunos casos, cuentan con puestos distinguidos en rankings internacionales con más prestigio y reconocimiento internacional?

 

Nuevo escalafón

 

El ranking QS de Derecho para América Latina dejó a la Universidad Católica de Chile en el primer lugar. Detrás de esta, se encuentran dos de las más prestigiosas universidades públicas de la región: la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Buenos Aires. La primera institución colombiana que aparece en la clasificación es la Universidad de los Andes en el puesto 5°, luego viene la Javeriana, con el puesto 11°, y después la Universidad Externado, con el puesto 12°. Le llama la atención a la revista Semana que las tres primeras instituciones de educación superior colombianas en aparecer sean privadas y que la Universidad Nacional no salga referenciada en el listado. Otras muy distinguidas facultades de Derecho tampoco aparecen en el ranking.

 

Pero si bien es cierto que las mencionadas instituciones son muy reconocidas internacionalmente, sus puestos en Derecho no coinciden internamente con los datos que manejan varios observatorios de educación en Colombia, la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho, el Ministerio de Educación Nacional, el Icfes y Colciencias. En efecto, estas tres prestigiosas universidades no ostentan sellos internacionales de calidad, no son las de mayor impacto en el medio académico y social y no cuentan con los mejores rankings en sus grupos de investigación, revistas e investigadores.

 

Además, en términos de calidad, la idoneidad en materia de formación está ahora puesta en entredicho en todas las facultades de Derecho, por los altos estándares de corrupción y el alto volumen de denuncias en contra de los abogados en la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Estas apreciaciones provienen de estudios en la materia (Lea también En los últimos 25 años, han sido excluidos de la profesión 480 abogados) que, basados en informes y resultados amplios, establecen que, en Colombia, al menos siete de cada diez abogados se forman en programas que no tienen acreditación de alta calidad, algunos apenas cumplen con los requisitos mínimos para recibir y formar estudiantes universitarios; es decir que solo 3 de cada 10 abogados se forman en programas de alta calidad.

 

Todo esto parece preocupante, dado que el número de estudiantes de las facultades de Derecho llega a 137.948, de los cuales solo el 28 % tendría una formación de calidad. Muchos de ellos logran el título en tres años o menos, y gracias a los vacíos normativos existentes, algunos litigantes ejercen sin título profesional o con diplomas falsos.

 

Servicio a la sociedad

 

Estos resultados internacionales de calidad tampoco coinciden con la visión y experiencia de algunos expertos en profesión jurídica en el país, quienes consideran que las facultades de Derecho no están contribuyendo a solucionar los problemas de nuestra sociedad. Las denominadas “buenas facultades de Derecho” sirven más al profesional para ascender en su carrera que a la sociedad para solucionar sus graves problemas de ética y corrupción. Es el caso de la exposición de motivos del proyecto de ley presentado recientemente en el Senado de la República, por los senadores Germán Varón Cotrino, Angélica Lozano Correa y Carlos Germán Navas Talero (Lea también Los exámenes habilitantes para ejercer la profesión de abogado), el cual establece un examen para abogados, basándose en la mala calidad de la formación de los profesionales jurídicos del país, así como en el alto volumen de abogados sancionados por corrupción y mal ejercicio de su profesión (1.134, en el 2015).

 

En el mismo sentido, Ovidio Claros, presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, piensa que las universidades del país están fallando en la formación de los abogados, solicitando mayor calidad y preparación de sus egresados. (ÁMBITO JURÍDICO, ene. 31/17, en: https://youtu.be/tCkqSWDK53I).

 

Ahora bien, un adecuado ranking de calidad en las facultades de Derecho debería tener en cuenta, aparte de los criterios ya expuestos, algunas estadísticas comparativas sobre promedio académico de los egresados, impacto social de los estudiantes en el medio, número de profesores con doble titulación, manejo de segunda lengua, vinculaciones con universidades extranjeras, proyectos de investigación y publicaciones destacadas, calidad de vida de los profesores y alumnos, años sabáticos otorgados, premios internacionales de estudiantes y profesores, apropiación del conocimiento de docentes y discentes, innovación académica y movilidad internacional.

 

Por el momento, en materia de rankings internacionales, todavía los estudiantes no están familiarizados con ellos (Lea también ¿Sirven los escalafones sobre las mejores facultades de Derecho?), esto no es un factor de elección de una facultad o de un posgrado en Derecho. Dos aspectos sobresalen al momento de la elección de un programa en Derecho, sea en pregrado o en posgrado: el valor de la matrícula y la distancia geográfica que tenga el estudiante con su lugar de residencia o habitación.

 

Lo anterior nos hace pensar que la batalla de los rankings internacionales para saber cuál es la mejor facultad de Derecho del país apenas comienza.

 

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