Análisis: facultades de Derecho y corrupción

Carlos Mario Molina Betancur

Director ejecutivo Asociación Colombiana de Facultades de Derecho (Acofade)

El último artículo que escribimos en estas páginas trataba sobre las mejores facultades de Derecho del país (¿Cuál es la mejor Facultad de Derecho de Colombia?, edición 460), en la que respondíamos a la pregunta formulada anteriormente. En dicho escrito, revisábamos las estadísticas del ranking QS de Derecho para América Latina 2017, que dejó ver a la Universidad Católica de Chile como la institución que albergaba la mejor Facultad de Derecho de la región, seguida de las de Sao Paulo (Brasil), Autónoma de Ciudad de México y Buenos Aires (Argentina).

En Colombia, se encontraban, en primer lugar, la Universidad de los Andes, en el puesto 5°; la Pontificia Universidad Javeriana, en el puesto 11, y después la Universidad Externado de Colombia, con el puesto 12. Llamaba la atención la revista Semana que las tres primeras instituciones de educación superior colombianas en aparecer fueran privadas y que la Universidad Nacional no estuviera referenciada en el listado. Además, que en dicho cartel solo aparecían universidades de la capital, con lo cual se dejaban por fuera a prestigiosas instituciones regionales, reconocidas ampliamente en el medio académico por sus altos estándares de educación, tales como la Universidad Icesi, de Cali; del Norte, de Barranquilla, Eafit y Universidad de Medellín.

Por ello, con un acertado análisis, la prestigiosa revista cuestionaba la medición, afirmando lo siguiente: “Los ranking siempre resultan subjetivos: son incapaces de medir cada una de las facetas de la vida académica, y además, las universidades mejor administradas pueden mejorar sus resultados al enfocar sus esfuerzos en los criterios de la clasificación. Por ejemplo, pueden ofrecer incentivos salariales por publicación, contratar profesores de posgrados solo por sus títulos, y así seguir cada una de las mediciones, sin necesariamente ofrecer una mejor formación académica”.

Análisis local

Al estar de acuerdo con dicho examen, nosotros completábamos la reflexión, afirmando que, si bien es cierto las mencionadas instituciones eran muy reconocidas internacionalmente, sus puestos en Derecho no coinciden internamente con los datos que manejan varios observatorios de educación en Colombia, la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho, el Ministerio de Educación Nacional, el Icfes y Colciencias. En estos, dichas facultades no ostentaban sellos internacionales de calidad en Derecho, no eran las de mayor impacto en el medio académico y social y, además, no contaban con los mejores rankings en sus grupos de investigación, publicaciones, seminarios y congresos, revistas e investigadores.

A estas reflexiones viene ahora a sumarse el hecho de que son, precisamente, de prestigiosas universidades de donde están egresando los abogados más corruptos de nuestro país. En efecto, el pasado 17 de abril, el Observatorio de la Universidad Colombiana hace una radiografía de las universidades de donde egresaron los 110 colombianos más cuestionados por la faltas a la ética profesional y escándalos de corrupción en el país en los últimos años: casos Odebrecht, Reficar, los carteles de la contratación y de la hemofilia, Interbolsa, Saludcoop, Fondo Premium, DAS, chuzadas, reelecciones presidenciales, Caprecom, Estraval, recolección de basuras, Coljuegos, alcaldías locales y Coomeva, entre otros.

El reconocido observatorio resalta que abogado y funcionario es la principal característica de la mayoría de los casos hallados. Concluye que, por universidades, tres instituciones bogotanas encabezan la lista de “egresados no distinguidos”. Muchos de ellos en la cárcel, inhabilitados por la Procuraduría General de la Nación o con investigaciones abiertas por sus cuestionadas conductas éticas.

Por esta razón, Ovidio Claros, entonces presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, piensa que las universidades del país están fallando en la formación de los abogados, y solicita mayor calidad y preparación de sus egresados. (ÁMBITO JURÍDICO, ene. 31/17, en: https://youtu.be/tCkqSWDK53I). Lo anterior refuerza la idea de que existe una urgente necesidad de reformular la formación de los abogados de Colombia, tal como lo piden algunos expertos en profesión jurídica en el país, quienes consideran que las facultades de Derecho no están contribuyendo a solucionar los problemas de nuestra sociedad.

Algunos reparos

Las denominadas “buenas facultades de Derecho” sirven más al profesional para ascender en su carrera que a la sociedad para solucionar sus graves problemas de ética y corrupción. Esa es la fundamentación de la exposición de motivos del proyecto de ley que tramita el Senado de la República, presentado por los senadores Germán Varón Cotrino, Angélica Lozano Correa y Carlos Germán Navas Talero, el cual establece un examen habilitante para ejercer la profesión de los abogados, con base en la mala calidad de la formación de los profesionales jurídicos del país, así como en el alto volumen de abogados sancionados por corrupción y mal ejercicio de su profesión.

Lo anterior tiene que ver, seguramente, con el número cada vez más alto de abogados sancionados por el Consejo Superior de la Judicatura, que arroja la alarmante cifra de tres abogados que pierden la tarjeta profesional cada año, 70 son suspendidos por faltas a la ética o corrupción, y 28 más son censurados. En los últimos 25 años, desde la creación del Consejo de la Judicatura, más de 400 abogados fueron excluidos, 8.500 han sido sancionados y más de 7.000 terminaron censurados. Estos mal llamados litigantes minan la credibilidad de los ciudadanos en el sistema judicial y empeñan el nombre de la profesión de los abogados.

Sin embargo, si bien es cierto que el problema no es solo de la formación jurídica que reciben estos abogados en Colombia, no podemos desconocer que la academia jurídica debe reaccionar, por cuanto la situación podría ser cada vez más grave, si tenemos en cuenta que de los 137.948 estudiantes de Derecho que actualmente tiene el país, solo el 28 % tendría una formación de calidad. Muchos de ellos están obteniendo el título en tres años o menos, y gracias a los vacíos normativos existentes, algunos litigantes ejercen sin título profesional o con diplomas falsos.

Consideramos que, en tiempos de posconflicto, hay que ponernos de acuerdo sobre la obligación de frenar los semilleros de corrupción que se están creando en todo el país y que debemos reflexionar sobre la imperiosa necesidad de matar la semilla de la corrupción desde sus primeros brotes. Algunas facultades de Derecho de todo el país, preocupadas en muchas veces más por los rankings que por la calidad, deberían reflexionar seriamente sobre qué están haciendo para contribuir a eliminar el germen de la corrupción en nuestra sociedad.