La propuesta de reforma a los consultorios jurídicos

Alejandro Arenas Arcila*

Miembro del Colegio Profesional de Abogados de Colombia

Decano Honorario Colegiatura de Abogados Litigantes de Cali

 

¿Qué está pasando con la ética, como principio fundamental en el ejercicio de las profesiones?

 

Edificaciones que colapsan con pérdida de vidas, por el empleo de materiales de baja calidad, fallas de cálculo y estructurales, por falta de control y vigilancia de las oficinas de planeación municipal y curadurías que aprueban finalmente el diseño y ejecución de los proyectos constructivos.

 

Pacientes que fallecen en los quirófanos por causa de la medicina estética y cirugía plástica, sin control alguno por parte del ministerio del ramo y secretarías de salud territoriales.

 

Contadores que en su función profesional no alertan ni cumplen con la función de generar la confianza entre inversionistas y ahorradores, permitiendo como revisores fiscales la defraudación pública y privada.

 

Abogados a los que se les endilga la formación de carteles para defraudar a las arcas estatales, incurriendo en toda clase de faltas disciplinarias, entre las más connotadas, quedarse con los dineros del cliente y abandonar los procesos. Pero qué no decir de lo que ocurre en la administración de justicia, cuando en todos los niveles jerárquicos, magistrados, jueces y empleados, proveen asesoramiento ilegal, cometen actos de corrupción, con quebrantamiento de los principios fundamentales de imparcialidad, equidad transparencia, acentuando el desprestigio y credibilidad institucional en la administración de justicia. 

 

Como abogado en ejercicio, consciente de su importancia para el Estado de derecho, es necesario develar en este momento histórico la crisis de esta profesión liberal, siendo una realidad que Colombia registra la tasa más alta de abogados, 100 por cada 100.000 habitantes, por la creación de facultades de Derecho sin control alguno, con deficiencias en lo académico y práctica profesional, pero lo más preocupante graduando abogados en tres años a quienes tengan otras profesiones.

 

Súmese a ello el fenómeno del “intromisionismo” patrocinado por el Estado con el Decreto 196 de 1971, y ahora por parte del Ministerio de Justicia, con la iniciativa legislativa de reforma a los consultorios jurídicos, que confiere a los estudiantes la asesoría y representación judicial ciudadana en forma ilimitada. No es sorprendente, entonces, encontrarnos con noticias de la detención de estos juristas en las audiencias, ejerciendo con tarjetas profesionales y títulos académicos falsos. En esa conducta penal la abogacía ocupa un deshonroso primer lugar.

 

Asesoría ilimitada

 

Este lamentable estado de la abogacía y de la Rama Judicial del Poder Público compromete, desde la reforma constitucional de 1991, a los gobiernos que han dirigido el país, con unos ministerios de Justicia y de Educación que no cumplen con sus objetivos en esta materia, un Consejo Superior de la Judicatura sin diagnósticos reales de la crisis judicial y demostrando poco interés en autorreformarse.

 

Por mandato del artículo 26 de la Carta Política, corresponde a los ministerios de Justicia y de Educación la responsabilidad de inspeccionar y vigilar el ejercicio de las profesiones.

 

Para ejercer como abogado en Colombia, se debe terminar en forma satisfactoria el programa académico, cumplir con la prestación del servicio de consultorio jurídico, presentar un examen de Estado de calidad de la educación superior y, finalmente, elegir entre la sustentación de una tesis o monografía jurídica, o bien realizar la judicatura, que es un servicio generalmente gratuito en determinadas instituciones públicas por un mínimo de nueve meses, y también se exige la presentación de exámenes preparatorios orales o escritos.

 

Es necesario que las facultades de Derecho ajusten la práctica jurídica de sus estudiantes antes de encomendarles su labor de asesoría y representación en los consultorios jurídicos, por cuanto nueve meses es un tiempo relativamente corto, para lograr un desempeño satisfactorio en un campo tan delicado como es la defensa de los derechos ciudadanos. Debe exigirse un mayor entrenamiento procesal que le brinde mayores garantías a los usuarios.

 

Parece que esto no lo entiende el Ministerio de Justicia, cuando, en lugar de estudiar correctivos a esta desacertada formación de los futuros abogados, propone un proyecto de ley de reforma a los consultorios jurídicos, ampliando la cobertura poblacional y función social que cumplen estos en las facultades de Derecho, aumentando la cuantía en los asuntos patrimoniales y abrogándole la representación judicial en todas las ramas de la jurisdicción. Esto, en realidad, es un golpe más a la viabilidad profesional de quienes ejercemos como abogados ante la administración pública y tribunales del país.

 

Delegación en estudiantes

 

El Ministerio de Justicia, con esta inusitada reforma a los consultorios jurídicos, delega en los estudiantes de tercer año la asesoría y representación judicial a los ciudadanos de menores recursos en la vía gubernativa y en todas las ramas de la jurisdicción e, incluso, que, mediante convenios con la Rama Judicial, se instalen despachos de operadores de justicia.

 

Así, se desconoce que, en este estadio, apenas se les está instruyendo a los estudiantes en los derechos sustanciales, procesales y no existe aún el perfeccionamiento profesional y ético, que les permita asumir responsabilidades tan enormes, las cuales deben ser encomendadas como usualmente se realiza a nivel mundial al finalizar la etapa académica y monitoreado por la colegiatura de abogados, cuerpo institucional que avala y forma a estos profesionales del Derecho.

 

Igualmente, el Gobierno olvida que, en Colombia, existen problemas realmente estructurales en la profesión, como sobreoferta de abogados, deficiencias graves en su formación, su inserción y órgano consultor fundamental para la administración de justicia, como se reconoce en las legislaciones internacionales. Existe una deuda desde la expedición del Decreto 1976 de 1971, pensado por ese gran jurista y ministro de Estado Fernando Hinestrosa Forero, la tan reclamada por nuestro gremio regulación profesional, conquistada con la reforma constitucional de Equilibrio de Poderes (A. L. 2/15, art. 19), que creó el Colegio Nacional de Abogados, al que le atribuyó la función de examinar la conducta y sancionar las faltas de los abogados en ejercicio, que sería solo una de la funciones de este importante cuerpo colegiado.

 

Pero en esos errores históricos se incurre por desconocer y no consultar a sus actores legítimos, asociaciones de abogados y facultades de Derecho. Estas últimas, bajo la prerrogativa de la autonomía universitaria, tienen mayores posibilidades de evaluar los programas académicos, así como el desarrollo de las competencias adquiridas por los alumnos para hacer la conexión con la práctica profesional y, finalmente, las asociaciones de abogados que, no obstante el abandono oficial, vienen formulando en las fallidas reformas a la justicia propuestas de fondo para la profesión de cara a mejorar los invaluables servicios que prestan a los ciudadanos.

 

Como desarrollo de ese esfuerzo generacional, las facultades de Derecho y las asociaciones de abogados han concurrido a fundar el Colegio Profesional de Abogados de Colombia,  para que esa discusión y análisis del estado actual de la profesión sea tenido en cuenta por la institucionalidad para el surgimiento de un nuevo perfil del abogado, con un gran sentido social, ético, de servicio al país y para que contribuya en esta etapa del posconflicto a la consolidación de la justicia, la paz y el bienestar para todos los colombianos.

 

Con la preocupación del abogado litigante concluyó que, para la profesión, sería lesiva la reforma a los consultorios jurídicos pretendida por el Ministerio de Justicia. La solución para mejorar la formación jurídica y ética en el pregrado no es deferir el tamaño de responsabilidades al estudiante en una etapa tan temprana de la carrera. Bien podría, entonces, en la construcción del naciente Colegio Profesional de Abogados de Colombia, liderado por la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho (Acofade), organizar bajo la figura de la asesoría gratuita el acceso a la justicia de una parte importante de colombianos, con la participación de cientos de miles de abogados, que, de manera desarticulada, pero con la trayectoria de muchos años, luchamos por ejercer la profesión con dignidad y decoro.