¿Existe confianza en la administración de justicia?

Roberto Paz Salas

Presidente Colectivo Indemnizaciones Paz Abogados

 

No es una novedad que, en estos momentos, Colombia está atravesando por una de sus más profundas crisis, pues día a día vemos un detrimento en su funcionamiento, lo que constantemente nos ha llevado a preguntarnos si verdaderamente existe confianza del ciudadano en las instituciones que conforman la administración de justicia, pues, a raíz de los recientes escándalos relacionados con sobornos de orden nacional e internacional, se puede evidenciar el quebrantamiento de la justicia colombiana. Y es que no solo se ha notado el menoscabo de la seguridad y confianza entre la sociedad respecto a la justicia.

 

Esto, además, ha llevado al aumento en la impunidad, la corrupción, la politización, la congestión, el retardo de los procesos que puede durar años, la negociación de los casos favoreciendo a una de las partes y, por supuesto, la falta de transparencia, sumado a la crisis ética en la cúpula judicial, de exmagistrados de las altas cortes, de altos funcionarios de la Rama Judicial y demás entidades estatales que hacen parte de la administración de justicia.

 

Concierta recordar la “crisis”, ya que, a pesar de múltiples reformas y ajustes, la justicia en Colombia sigue siendo lenta, ineficaz e insatisfactoria para gran parte de quienes concurren a ella. Un ejemplo claro y preciso de la crisis de la justicia encaja perfectamente en uno de los escándalos más polémicos que tuvo el país, el cual ha denigrado profundamente la confianza, pues para nadie es un secreto lo que sucedió con el denominado “cartel de la toga”. En estas investigaciones de la Fiscalía General y de la Corte Suprema de Justicia, se ha comprobado la existencia de una supuesta red de corrupción dentro del alto tribunal, manejado por magistrados y abogados que, a cambio de pagos millonarios, habrían influido en decisiones judiciales.

 

Afectación a la imagen

 

De esta manera, han surgido muchos comentarios respecto a este tema, que no solo afecta a las altas cortes y a quienes participan en el ejercicio de administrar justicia, sino también afecta a todo un país. Así lo manifestó Alfredo Carbonell en una opinión para el periódico El Tiempo: “Es asombroso ver cómo Colombia aún continúa a flote a pesar de todas las crisis institucionales y los escándalos por los que ha atravesado. Solo con el proceso 8.000 y la parapolítica, es para que hubiese habido una reingeniería total del funcionamiento del Estado. Con lo que está sucediendo ahora con la justicia, hemos tocado fondo al constatar que se corrompió la reserva moral de las instituciones, la Corte Suprema de Justicia. Pues en teoría, esta Corte representa la máxima instancia encargada de impartir justicia reservada para los más ilustres juristas de la nación. En otras palabras, es tan grave como si se contamina algo tan esencial como el aire que todos respiramos. El entramado criminal que se está destapando, ha permeado otras instituciones tanto en la rama ejecutiva como en la legislativa y cada día salen salpicados nuevos actores tanto públicos como privados”.

 

“Como lamentarse no sirve para nada, hay que promover un cambio en las reglas de juego por lo menos para mitigar los efectos de este flagelo. Como ampliamente se ha propuesto, la clave está en cambiar la manera como se eligen los representantes de los ciudadanos en las tres ramas del poder público. Se deben eliminar las potestades para nombrar funcionarios interinstituciones para acabar con el yo elijo – tú me elijes. Se debe instaurar el voto obligatorio para cargos de elección popular. Se debe limitar los periodos de congresistas a dos como máximo, así como reducir el tamaño del Congreso a la tercera parte e instaurar listas cerradas obligatorias. Se debe empoderar a las reconocidas empresas caza talentos y a la academia para escoger a los funcionarios de la rama judicial así como fusionar las altas cortes en una sola. Se debe establecer mecanismos de protección e incentivos para quienes denuncien hechos de corrupción”.

 

“Lo que hay son propuestas sobre la mesa, pero mientras quienes tienen que hacer estos cambios sean los que más defienden el statu quo seguiremos en las mismas. Es decir, nadie va a legislar en contra de sus propios intereses. Pero como ciudadanos tenemos la obligación de seguir exigiendo un manejo transparente de los recursos públicos, con la añoranza de volver algún día a los tiempos en los que magistrado y decoro eran palabras que siempre iban de la mano”[1].

 

Reforma a la justicia

 

Indiscutiblemente, Colombia necesita una reforma a la justicia, que incluya menos burocracia y más eficacia, así como los recursos necesarios para el funcionamiento del mismo y, por supuesto, cambiar los mecanismos de elección de magistrados y a quien eligen, porque la justicia suele representarse como una balanza, pero es difícil de medir y es poco productivo comparar una justicia con un ideal, porque Colombia está lejos de serlo.

 

Por otra parte, la opinión de Juan Manuel Charry Urueña es muy apropiada frente a la crisis que se vive actualmente: “La justicia ha sido uno de los poderes más olvidados por las agendas políticas, su presupuesto pobre, sus instalaciones inapropiadas, su tecnología ineficiente, su diseño básicamente orgánico y poco funcional. Las soluciones han estado encaminadas a fortalecer los medios alternativos de solución de conflictos, que no es nada distinto a sustraer asuntos del ámbito judicial”.

 

“El reto es enorme, se requiere una justicia autónoma, independiente y expedita. El juez y el magistrado deben ser valorados por la sociedad, no se trata de proveer cargos burocráticos, como tampoco de proporcionar trampolines a aventureros políticos ni a abogados en busca de éxito económico. Las cortes y consejos deben fusionarse en una sola corporación suprema. El Congreso debe ejercer control político sobre los máximos magistrados y la política debe someterse a las reglas de juego jurídico. La tutela debe volver a su cauce de protección de los derechos fundamentales y los procesos judiciales ordinarios deben tutelar los demás derechos constitucionales en forma rápida y eficiente. La tecnología debe suministrar soluciones jurídicas inmediatas y la seguridad jurídica debe ser plena”.

 

“En fin, la administración de justicia necesita una profunda reforma que rescate al juez de la burocratización, que someta la política al derecho, que optimice la tecnología y que ofrezca una verdadera seguridad jurídica”[2].

 

Sin duda alguna, esta es una problemática que se da no solo dentro de las altas cortes, sino en todas las esferas del órgano judicial, lo que afecta la correcta y eficaz administración de justicia, además de crear un sinsabor en la sociedad, cuyos integrantes cada vez se sienten más desprotegidos y dudan de que sus derechos sean garantizados dentro de un proceso judicial, pues volviendo al cuestionamiento que dio origen al presente artículo, en realidad no existe confianza en la administración de justicia.

 

Por ello, se requiere combatirla implementando políticas ejemplares de transparencia que garanticen la tutela judicial efectiva y rescaten el ejercicio tanto del aparato judicial, como de los profesionales del Derecho.

 

Así las cosas, es necesario hacer un llamado a las universidades del país, que juegan un papel fundamental al ser las encargadas de formar a los estudiantes y tienen el deber de entregar a la sociedad profesionales éticos, imparciales, leales y honestos. Así mismo, los órganos de control juegan un papel fundamental al ser garantes de la transparencia y la efectividad en el desarrollo de las funciones de los miembros del aparato judicial, entre otros, de tal manera que contribuyan a acabar con el flagelo de la corrupción.

 

Finalmente, las consecuencias que ha traído la corrupción para Colombia son devastadoras. Estas se ven reflejadas a nivel social con una amplia brecha de desigualdad, cuando los mismos funcionarios tienden a utilizar sus cargos para su propio beneficio o para devolver favores a las personas que colaboraron en sus campañas políticas, sin dejar de lado la falta de transparencia en casi todas las decisiones que toman. Las personas que ocupan cargos públicos ignoran las necesidades de todo un pueblo y, por supuesto, cuando los presupuestos del Estado no tienen el uso para los fines destinados, genera un problema gravísimo de pobreza y de necesidad de todo un país.

*Sección patrocinada. Las opiniones aquí publicadas son responsabilidad exclusiva del Colectivo Indemnizaciones Paz Abogados